GOOGLE PAGARÁ POR ESTAR EN LAS PANTALLAS ESPAÑOLAS

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En el post de hoy vendremos hablando de lo que se iniciÓ como una de las propuestas planteadas por el presidente Pedro Sanchez como parte de su programa allá por el 2014, nos referimos a la tasa digital una especie de medida dirigida a la fiscalización de los ingresos del gigante sector digital. 
Un tributo pensado hasta el momento para volcar su gravamen directamente sobre las empresas que trabajan en este ámbito y cuya facturación internacional sea de 750 millones de euros y 3 de estos en territorio nacional. 

Si echamos la vista atrás para comprobar si este tipo de medidas se han llevado a cabo parece que solo son tres países los que la pusieron en marcha en diferentes vertientes según un estudio realizado por Tax Foundation. Son Hungría, Italia y Eslovaquia dentro de la Unión Europea.Fuera de las fronteras de la Unión, solo Corea del Sur, India e Israel.  En cualquier caso, la abrumadora mayoría de los países de la UE-28 y la OCDE parecen mantener sus decisiones de no incluir la medida en sus pretensiones de actuación. 

Según lo que acabamos de exponer, el Gobierno español estaría actuando de forma unilateral sin haber alcanzado un acuerdo mayoritario cuya decisión haya sido tomada en consideración y aprobada por el resto de países. Algunas cuestiones pueden tener un cierto matiz que permita poder ser pioneros en la puesta en marcha pero el mundo digital carece de individualidad y se torna, no obstante, como un elemento masivo de extraordinaria repercusión social. Dicho esto cabe preguntarse si realmente los beneficios ya puestos en duda compensan las perdidas que ya se estiman y que ya han destacado algunos bloques de oposición bien fuertes como Dinamarca, Finlandia, Suecia e incluso Irlanda. Pasemos a destacar ahora algunas de los principales inconvenientes que se han podido extraer a partir de las investigaciones que esta llevando a cabo PwC. Estos estudios que aunque todavía no finalizados vienen a demostrar en sus conclusiones la perdida de competitiva de la economía española debido a las regulaciones en uno de sus sectores al alza, el de las tecnologías digitales.

En primer lugar el impuesto será soportado mayoritariamente por las pequeñas y medianas empresas y por consumidores cuyas reducciones rondarán entre los 400-500 millones de euros por el incremento de costes y la caída de precios. Este mismo incremento de coste trae consigo una reducción de los márgenes de beneficio, el aumento de los costes de publicidad provocaría una disminución de los mismos y como consecuencia del enganche de estos medios sobre consumidores. Los niveles de digitalización que hasta ahora hemos alcanzado bajarán y descubriremos brevemente a final del post su importancia en el desarrollo nacional. Incluso una preferencia por los medios offline frente a los online dificultaría demasiado el crecimiento de esta última especie en territorio español, que mermaría las posibles ventajas y el posicionamiento de exportadores nacionales frente a los extranjeros, no sujetos a tales tasas impositivas (en nuestro caso del 3%.Todo ello no deja más que representar los obstáculo que se interpone en las relaciones comerciales de los consumidores que ante una medida que no les compete para bien sino para mal hará mas determinativo optar por productos y servicios no supeditados al impuesto.

Las conclusiones que podemos extraer son bastantes claras. Si España presenta este tipo de impuestos, la percepción extranjera es de un país inseguro  en el desarrollo de nuevas formas empresariales en el sector digital y más costoso que la competencia vecina, lo cual dificultara el nacimiento de potenciales pequeñas empresas y startups. Seremos menos productivos y menos innovadores, el crecimiento económico se pierde en uno de los eslabones más fuertes de la cadena mundial, el ámbito de internet, y para ser más exactos en nuestro I+D.